La soberanía audiovisual argentina está atravesando un momento crítico, debido a que Muchas plataformas extranjeras que brindan servicios, tanto de video como de audio, en nuestro país, desconocen las leyes nacionales, entre ellas, el derecho de autor.
La excusa que esgrimen es que, al no tener domicilio legal en la Argentina, no están obligadas a cumplir con sus leyes y siguen moviéndose en un limbo legal que pretenden eternizar porque resulta muy conveniente a sus intereses. Subidos al carro de lo que ellos llaman - engañosamente – “libertad sin fronteras”, rechazan cualquier clase de regulación por parte del Estado que implique una pérdida de beneficios económicos.
A raíz de esta falta de regulación, son muchos los creadores y creadoras que no reciben pago alguno de estas plataformas por la comunicación pública de sus obras.
Así, injustamente, estas empresas internacionales multimillonarias, con miles de usuarios premium que les permiten remitir a sus países de origen ganancias fenomenales contadas en millones de dólares anuales se nutren, gratis, de los contenidos de nuestros creadores y creadoras, empobreciéndolos, apropiándose indebidamente de su trabajo y obturando la posibilidad de que se fortalezca la industria nacional audiovisual.
Consideramos que el Estado debe tomar como política pública la defensa de las obras argentinas y sus creadores, haciendo cumplir las leyes nacionales a las plataformas extranjeras, a las que debe exigirles tener domicilio en el país.
Se hace fundamental propiciar nuevas leyes y marcos regulatorios que permitan desarrollar, fomentar y proteger la industria local, dado que la situación actual produce daño tal como si se abriera, indiscriminadamente y sin gravamen alguno, la importación de productos que se fabrican en el país.
Regular a las plataformas significaría, en primer lugar, eliminar las asimetrías que existen entre los distintos actores de la cadena de valor del audiovisual, impidiendo a los más poderosos imponer su voracidad e implicaría, en consecuencia, otorgar a los creadores las herramientas necesarias para que puedan ejercer su legítimos derechos.
Cabe aclarar que esta situación no sólo comprende lo económico y legal, también afecta la identidad cultural de nuestro pueblo. No proteger a quienes son más vulnerables es, en sí mismo, un atentado a la cultura de hoy, pero sobre todo a la que nos espera en el futuro. Nada quedará si el Estado no cuida a sus artistas.
ARGENTORES, firme en la defensa de los derechos morales y económicos de autoras y autores argentinos, está empeñado en conseguir, de manera urgente y necesaria, esta regulación por parte del Estado Nacional.
Sabemos que ese es el camino para lograr que autoras y autores puedan cobrar por la utilización de sus obras - que no es otra cosa que su salario por ser trabajadores y trabajadoras de la cultura - como les corresponde por ley y así terminar de una vez por todas con la ilegalidad a que nos vemos sometidos.
El jurisconsulto romano Ulpiano dijo hace más de diecisiete siglos “Justicia es dar a cada uno lo suyo”. Regular a las plataformas internacionales para que cumplan las leyes a las que estamos sometidos todos los argentinos y argentinas, no es ni más ni menos que eso.
JUNTA DIRECTIVA DE ARGENTORES
Bucky Butkovic
Jefa de Prensa
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